Transparencia y buen gobierno para garantizar la independencia y credibilidad editorial

Con el fin ayudar a mejorar la transparencia de los grupos de comunicación y de enriquecer el intercambio de buenas prácticas relacionadas con la protección de la credibilidad e independencia de los medios, la Fundación Compromiso y Transparencia elaboró el informe Primera Plana analizando las políticas y procesos que fuesen públicos en la web de los principales grupos de comunicación españoles para proteger su independencia y credibilidad. Como fruto de esa investigación se identificaron cinco áreas relevantes (Propiedad, Gobierno, Información económica, Creación y divulgación de contenidos editoriales y Cumplimiento) características del sector de los medios de comunicación que afectan directamente a la credibilidad e independencia del medio y que se concretaron en diecinueve indicadores.

La conclusión general del informes es que la gran mayoría de los grupos de comunicación no proporciona información sobre sus accionistas, sus políticas de gobierno y de cumplimiento, sus sistemas de control de riesgos, sus códigos de autorregulación, sus mecanismos para gestionar sus conflictos de intereses, etc. Entre otros resultados el informe subraya que:

  • Ninguno de los 20 grupos de comunicación informa de las competencias específicas del consejo de administración relacionadas con la gestión de riesgos asociadas afectar a la credibilidad e independencia editorial.
  • Ninguno de los 20 grupos de comunicación cuenta con un informe específico (gestión, sostenibilidad, integrado, responsabilidad corporativa) que aborde los riesgos asociados a la falta de independencia o credibilidad.
  • Solo Vocento informaba del porcentaje de ingresos de principales anunciantes en relación con los ingresos totales del grupo.
  • Solo el grupo Prisa hacía público el código deontológico sobre elaboración de contenidos editoriales.
  • Tal solo el grupo Atresmedia hace públicas sus políticas sobre contenidos editoriales patrocinados.
  • Ningún grupo hace público su sistema para verificar el cumplimiento de sus políticas y procesos relacionados con la protección de la credibilidad e independencia ni la formación que imparte a sus empleados sobre estos temas.